Censura y cierre de medios por asfixia financiera, control arbitrario tributario y por imposiciones políticas
En 2018 ya la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) alertó sobre la impunidad frente a agresiones a periodistas y la imposición de la decimotercera ley que confisca recursos a los medios informativos privados, lo que marcó una política gubernamental de asfixia al trabajo periodístico en el país.
Y es que la palabra “asfixia” fue asentándose más cada año por la distribución desigual y arbitraria de recursos estatales para la publicidad en medios de comunicación. Aquellos que reciben más dinero son catalogados desde la opinión pública como “afines al gobierno” y aquellos que no, desde el poder se los ha calificado como “medios de derecha” o incluso “Cartel de la mentira” y por tanto han tenido menos ingresos y más crisis económica.
Es así que el asfixiante entorno económico, los obstáculos tributarios y las presiones gubernamentales han jugado un papel crucial en este proceso crítico de medios y por tanto, en la calidad de información en el país.
Un informe del Observatorio de Medios de Comunicación (OMC) de 2023, establece que el incremento de costos operativos y la disminución de ingresos publicitarios han puesto a muchos medios al borde de la quiebra. A esto se suma que la pandemia de Covid-19 exacerbó esta crisis al reducir aún más los ingresos por publicidad y aumentar los costos de operación debido a medidas sanitarias estrictas.
Es así como este dinero del Estado tiene una distribución asfixiante para medios de comunicación, en su mayoría críticos y fiscalizadores al gobierno.
Los Tiempos
En 2022, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también expresó su preocupación y alerta respecto a una campaña de asfixia económica y presión política desde el gobierno. Y se refirió específicamente a la denuncia que hizo la Editorial Canelas S.A., casa matriz del diario Los Tiempos de Cochabamba.
Según la SIP, en una reunión con directivos de la empresa, tomó conocimiento sobre desproporcionadas y periódicas auditorías fiscales y administrativas contra el medio y sobre la hostilidad de un empresario allegado al gobierno y al partido oficial, Movimiento al Socialismo (MAS), que estaría ejerciendo presiones contra los accionistas de Los Tiempos para quedarse con la compañía a un precio irrisorio.
“Las denuncias que realiza el medio asociado (Los Tiempos) se inscriben en la línea de las historias de permanente acoso estatal que la ANP publica, desde el año 2010, y que generan un estado de debilidad financiera en las empresas periodísticas independientes”, detalla un comunicado de la ANP.
Tras años de agonía económica, finalmente el 2023 Los Tiempos se vendió al grupo Valdivia y al día siguiente circuló con una separata gubernamental pagada.
Erbol
La red Erbol es otro de los medios de comunicación en Bolivia que más asfixia económica y hostigamiento tributario a enfrentado estos años, tanto así que el 2015 centenares de personas marcharon en La Paz para expresar su respaldo a la radio católica, que acusaba al gobierno de Evo Morales de tenerla sometida a una “asfixia económica” al negarle la publicidad estatal por su línea crítica.
Y es que, en ese año, la periodista Amalia Pando anunció que renunció a Erbol porque el Gobierno ha sometido a ese medio a una “asfixia económica” al negarles la publicidad estatal por su línea crítica.
En esa oportunidad, la ANP denunció en una carta pública que hay una “sistemática asfixia a los medios independientes a través de injustos tributos, por una fiscalización destinada a generar temor y autocensura y por las constantes agresiones a periodistas”.
El sistema tributario de Bolivia ha añadido una capa adicional de presión sobre los medios de comunicación. A lo largo de los últimos años, se ha observado un aumento en las auditorías fiscales y en la aplicación de sanciones contra medios que critican al gobierno. Según un estudio realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLP), las nuevas regulaciones fiscales han sido utilizadas como una herramienta para controlar y silenciar a la prensa.
El periodista español Javier Morales señaló que “los impuestos y las auditorías son desproporcionadamente severos para los medios críticos, lo que crea un entorno en el que es extremadamente difícil para los medios independientes operar sin enfrentar sanciones económicas que pueden llevar al cierre”.
FM Bolivia
En febrero de 2024 se dio la suspensión de las emisiones de la radio yungueña FM Bolivia tras haber sido multada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Durante años, este medio de comunicación fue esencial para la difusión de las semanas y criticas al poder desde el sector campesino del sector de los Yungas en La Paz. Fue también un nexo que unificó las protestas desde el 2021 contra un mercado ilegal de la coca que fue propiciado y avalado desde los aparatos del Estado.
Galo Hubner Mamani, director de la emisora contó que su medio fue multado porque supuestamente se excedió 8 Km en su radio de llegada, pese a que en la plaza del municipio de Chulumani, de donde se emitía, la señal ya presentaba interferencias.
Mamani explicó que la multa impuesta era de 8 mil UFVs, equivalentes a 21 mil bolivianos, pero que él detectó un error en las sumas, por lo que le rebajaron a 5.200 UFV. Agregó que para pagar la sanción se hizo préstamos y que la comunidad fue solidaria al punto de hacer una kermese para recaudar fondos.
La Asociación de Periodistas de La Paz, se refirió a este cierre y consideró que esta es una nueva forma de asfixia a los medios de comunicación.
Página Siete
En junio de 2023, el matutino paceño Página Siete se vio obligado a cerrar tras 13 años de vigencia y una profunda crisis generada por la asfixia económica del Gobierno, según Raúl Garafulic, presidente del directorio de esa empresa periodística.
“El partido de Gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos. Incluso presionó a empresas privadas para que no publiquen sus avisos en Página Siete”, indicó el ejecutivo en un mensaje a sus lectores titulado “Fin del camino”.
El libro “Periodismo en Riesgo: Bolivia bajo la Lupa” de la autora Ana María Vega expone casos documentados de acoso y violencia contra periodistas. Vega afirma que “el gobierno ha utilizado tácticas agresivas para intimidar a los medios que no se alinean con su agenda, lo que ha llevado a una autocensura generalizada y a la desaparición de voces críticas”.
En enero de 2016, también cerró sus ediciones el diario La Prensa como efecto de las políticas gubernamentales que terminaron asfixiando al matutino. Aunque recientemente reinició su trabajo bajo una nueva administración.
—